Desde el 1º de marzo Junta de Transparencia publicará situación patrimonial de todos los puestos públicos relevantes 1x2zf

A medida que el resto de los funcionarios vayan sumiendo se irán publicando sus respectivas declaraciones.

La nueva ley de declaraciones juradas tiene varias modificaciones respecto a la actual que data de 1998. Establece que más de 50.000 funcionarios públicos tengan que declarar bienes e ingresos.

Hasta ahora solo se hacían públicas las declaraciones del presidente y el vicepresidente.

Tras las elecciones, la Junta de Transparencia y Ética retomó la investigación de varios casos que involucran a jerarcas de gobierno con presuntos hechos de corrupción y espera pronunciarse antes de fin de año.

El escándalo de los audios que hizo renunciar al intendente de Colonia, Carlos Moreira, al Partido Nacional es una de las investigaciones que retomó la Junta de transparencia y Ética pública tras la culminación del período electoral. La junta había paralizado el estudio de aquellos casos que podían interferir en la campaña política.

Otro caso que se retoma es el de la contratación como director de vialidad de la pareja de la intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña.

La junta ya había comprobado nepotismo en la misma intendencia por la contratación del hermano de Peña como director de prensa de la comuna. La Jutep entendió en ese caso que la intendenta incurrió en la violación la ley anti-corrupción que prohíbe revistar en la misma oficina por razones de parentesco sanguíneo o por ser cónyuge.

El otro jerarca que está bajo la lupa por haber contratado a familiares es el intendente blanco de Artigas, Pablo Caram. El jerarca municipal contrató a su pareja como directora de cultura a su sobrina y a dos primos para otros cargos.

La jutep prevé pronunciarse sobre el caso Moreira, Peña y Caram antes de fin de año.