Diez puntos claves sobre la Ley de Inclusión Financiera 1p2a5t

En este marco se han manejado argumentos de todo tipo y color, algunos más de corte filosófico, que tienen que ver con la obligatoriedad de la bancarización en oposición a la “libertad” en sentido abstracto -porque lo cierto es que el trabajador asalariado nunca tuvo la libertad de elegir por qué medio cobraba- y otros que surgen de la falta de información o incomprensión de algunos puntos de la ley.

¿Es cierto que algunos peones rurales tienen que recorrer 50 kilómetros para llegar a un cajero? ¿Todos los comercios están obligados a aceptar medios de pago electrónico? ¿La generalización del uso de medios de pago electrónico afecta a los comerciantes? ¿En qué beneficia a los trabajadores? ¿Hay que pagar algo por la cuenta sueldo del banco? Esta y otras preguntas le hicimos al coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Martín Vallcorba.

1. ¿Los trabajadores rurales están obligados a cobrar en cajeros, y tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a uno?

No. La ley exceptúa el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos a los trabajadores que prestan servicios en el medio rural y en localidades de menos de 2.000 habitantes que no tengan punto de extracción de efectivo.

Localidad o área rural con punto de extracción de efectivo son aquellas que tengan en un radio de 3 kilómetros (30 cuadras aproximadamente) un medio que habilite el retiro de los fondos acreditados en cuentas o instrumentos electrónicos.

Además, como la ley tiene como objetivo universalizar el al sistema financiero, el gobierno promueve la instalación de puntos de extracción de efectivo y de puntos de pago de servicios en 84 localidades de más de 500 habitantes, mediante un esquema de subsidios que se extenderá hasta mayo de 2018, según consta en la web del MEF.

2. Pero ¿qué pasa con las personas mayores, jubiladas o pensionistas? ¿Están obligadas a aprender a usar los cajeros?

Tampoco. La Ley de Inclusión Financiera prevé que solamente aquellos jubilados o pensionistas que comenzaron a percibir su jubilación o pensión a partir del 1 de noviembre de 2015 están comprendidos, el resto puede seguir cobrando como hasta ahora.

Según Vallcorba, el promedio de edad de jubilación en Uruguay es de 63 años, es decir, en promedio, la mayor parte de la gente que cobra sus jubilación en cajeros o emisoras de dinero electrónico tiene actualmente 65 años.

3. Entonces, ¿quiénes están obligados a cobrar a través de instituciones de intermediación financiera o emisoras de dinero electrónico?

Actualmente están obligados a cobrar a través de instituciones de intermediación financiera o emisoras de dinero electrónico los trabajadores, jubilados, pensionistas o beneficiarios de prestaciones sociales, con excepción del servicio doméstico, de trabajadores que vivan en localidades de menos de 2.000 habitantes y los pasivos que se jubilaron antes del 1 de noviembre de 2015.

4. ¿Los comercios están obligados a aceptar medios de pago electrónico?

No. Los comercios no están obligados a aceptar medios de pago electrónico, pero si los aceptan, hay dos condiciones: no pueden fijar mínimos para el pago con débito, y no pueden ofrecer descuentos al pago en efectivo que no se trasladen al pago con tarjeta de débito.

Los únicos comercios que no pueden aceptar efectivo durante el horario nocturno son las estaciones de servicio. “Esto fue determinado para atacar los problemas de violencia y los robos a las estaciones, con resultados que han sido muy positivos en la materia”, explica Vallcorba.

5. ¿Los pequeños y medianos comercios se ven perjudicados por el pago de aranceles?

Una de las objeciones más recurrentes de los comerciantes tiene que ver con el pago de aranceles para las compras con tarjetas. Esto ha sido especialmente objetado por los pequeños y medianos comerciantes, que al comienzo de la discusión de la ley, argumentaban que la generalización de los medios de pago electrónico los dejaba en inferioridad de condiciones frente a las grandes superficies.

Y es que en ese momento la realidad era muy distinta a la actual. Las grandes superficies negociaban con los emisores de tarjetas de débito y lograban aranceles del entorno del 1,5% y 1,8%, mientras los pequeños comerciantes, con menos capacidad de negociación, pagaban un arancel del 7%.

A raíz del aumento del uso de los medios de pago electrónicos y de la negociación del gobierno con los emisores de tarjetas de débito, la situación cambió.

Actualmente los comercios pagan un arancel máximo de 2%, y los pequeños comercios pagan un arancel del orden del 2%. Ambos valores caerían a 1,5% sobre fin de año de acuerdo al cronograma de rebaja acordado con los emisores.

Comparando, las grandes superficies pagan un arancel en torno a 1,5%, y los pequeños comerciantes un 2%, que será 1,5% a fin de año.

Vallcorba sostiene que la tendencia a la mayor utilización de los medios de pago electrónicos es mundial e irreversible, y que avanza a un ritmo vertiginoso. La ley de inclusión financiera genera, en este marco, condiciones para el en condiciones de mayor equidad.

6. ¿En qué beneficia a los trabajadores la Ley de Inclusión Financiera?

Una vez superado el -falaz- argumento filosófico de la libertad, son varios los beneficios previstos para los trabajadores y pasivos en la Ley de Inclusión Financiera.

En primer lugar, el trabajador puede elegir en qué institución cobrará su salario. Antes era el empleador el que definía cómo se efectuaba el pago y en qué institución.

Además, la ley estableció una rebaja de 2 puntos de IVA para las compras con tarjeta de débito, e incorporó una rebaja adicional de 2 puntos para las operaciones que no superen los $14.000.

Las cuentas sueldo no tienen costos para el trabajador ni exigencia de saldos mínimos.

Permiten como mínimo 5 extracciones, y 8 transferencias gratuitas por mes.

Los trabajadores y pasivos que cobren su remuneración en una institución de intermediación financiera o emisora de dinero electrónico pueden solicitar un Crédito de Nómina.

El Crédito de Nómina en los hechos es un préstamo en efectivo que se descuenta mensualmente del sueldo o pasividad, con la condición de que las cuotas no excedan el 20% de la remuneración o jubilación. Este préstamo tiene los intereses más bajos del mercado, con un tope del 40%.

Si los trabajadores tuvieran que acceder al crédito en financieras, accederían en pésimas condiciones, puesto que el tope de usura para el crédito al consumo está en 147%.

7. ¿Me puedo cambiar de institución de intermediación financiera o emisora de dinero electrónico cuando quiero?

No. Una vez elegida la institución de intermediación financiera o emisora de dinero electrónico, debe pasar un año antes del cambio. Solamente en caso de cambio de trabajo, el cambio puede darse en un período de tiempo menor.

8 ¿En qué beneficiaría a los comerciantes que prosperara la iniciativa de plebiscito?

Vallcorba es terminante en este sentido: en nada.

La reforma promueve que no pueda “restringirse el uso de efectivo”, cuando en los hechos, el uso de efectivo no está restringido, excepto en el caso de las estaciones de servicio durante la noche.

“El plebiscito no afectaría en nada a las compras de todos los días porque hoy no hay restricción a la compra en efectivo, y no resuelve ninguno de los problemas que los comerciantes dicen que tienen derivado del uso del pago electrónico”, sostiene Vallcorba.

Además, advierte que de prosperar la reforma, pasaría a regir a partir de 2020, y que en los próximos tres años va a seguir en aumento la cantidad de tarjetas de débito en manos de la población y su utilización, al igual que sucede en el resto del mundo.

Los puntos de la ley que caerían con el plebiscito son tres: la obligatoriedad del pago de remuneraciones a través de instituciones de intermediación financiera o emisoras de dinero electrónico; la prohibición de uso de efectivo en horario nocturno en las estaciones de servicio; y el pago mediante uso de dinero electrónico de las operaciones de montos elevados, es decir, operaciones de más de UI 160.000 ($582.384) y compra de inmuebles o vehículos por más de UI 40.000 ($145.596).

Esto último está pensado específicamente para mejorar los controles sobre el lavado de activos.

Además, la obligatoriedad del pago de salarios, jubilaciones y pensiones por medios electrónicos permite realizar mejores controles sobre el mercado de trabajo, y es una medida que colabora en su formalización.

Es importante destacar que la ley es “de orden público”, esto quiere decir que las partes no pueden acordar el pago de manera distinta a la que prevé la ley. Si un empleador decide seguir pagando en negro, al ser descubierto, un juez laboral podría considerar que el pago nunca fue efectuado, por haberse hecho usando un medio no itido por una ley de orden público. En este caso, el contratante sería obligado a pagar la totalidad del salario nuevamente, además de los aportes, los recargos y las multas. En este sentido, la ley aumentó el riesgo de la informalidad.

9. ¿La ley de Inclusión Financiera beneficia a los bancos?

Este es otro de los argumentos que manejan los impulsores del plebiscito.

Vallcorba sostiene que la ley está enmarcada en una política pública de democratización del al sistema financiero, y en este sentido lo relevante es pensar la política desde los derechos y los beneficios que genera a la mayoría de las personas, y luego, pensar el diseño de la política de modo tal que “no le genere rentas extraordinarias a quienes proveen esos bienes y esos servicios”, que son los emisores de tarjetas de crédito, del plástico, los bancos, los POS, etc.

Para el jerarca hay dos elementos que “son la prueba de que los bancos no están cómodos”.

El primero fue su reacción inicial, los bancos fueron de los actores que mostraron más vehemente rechazo al proyecto de Ley de Inclusión Financiera, y argumentaron que era “un misil a la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario”. Ahora tienen que dar servicios gratuitos, por los que antes cobraban.

El segundo elemento, sigue Vallcorba, es que si pudieran optar, los bancos elegirían que no fuera obligatorio porque “hay sectores de la población a los que no les interesa proveerles servicios”, como las pequeñas y microempresas, y las personas de bajos recursos.

10. ¿Es cierto que hay una empresa de POS que se está beneficiando?

Este tema puede verse desde varios ángulos, pero lo cierto es que en Uruguay no hay una empresa de POS, sino ocho.

Los dueños de la red de POS que tiene la mayor proporción del mercado, POS 2000, son los dueños de las principales emisores de tarjetas (VISA, MASTER, OCA, Diners y Cabal), y antes de la ley, estas tarjetas solamente pasaban por su propia red de POS. A su vez, por esta red no pasaban las tarjetas minoritarias del mercado.

En este contexto, era muy difícil tanto el surgimiento de nuevas tarjetas, como de empresas de POS.

Según Vallcorba, “frente a esta situación, las políticas públicas mejoraron las condiciones de competencia, permitiendo el surgimiento de nuevos actores que desafiaran a aquellos que tenían una posición dominante en el mercado”. Actualmente, todas las tarjetas deben pasar por todos los POS, lo que favorece la competencia y la emergencia de nuevos actores.

El alquiler del pos más económico para un pequeño comercio, que cuenta con subsidio estatal, es de $95 por mes.