En la víspera, el equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche entregó al Parlamento la hoja de ruta del gobierno en cuanto a gastos e inversiones. A diferencia del estilo manejado por los tres gobiernos del FA de un presupuesto incremental, este documento dispone fondos y permite a los ministerio revisar sus gastos.
El presupuesto consagra mejoras salariales, tecnológicas y de infraestructura para policías y militares 6v3d14
Más cárceles, 1.000 policías retirados y tecnología de identificacIón facial. Aumentos para militares y más oficiales en 3 ramas de FF.AA. 2b3b27
El gobierno destacó en el mensaje que acompañó el articulado que la “reasignación de gastos” a la interna de los ministerios y organismos posibilitó “mantener el gasto a niveles constantes respecto a 2019”.
El proyecto, de 689 artículos, es objeto de análisis a partir de esta jornada.
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El presupuesto que regirá los próximos 5 años registra una serie de mejoras para el sector defensa y seguridad interior. En las Fuerzas Armadas habrá incrementos salariales para personal que se desempeña en el control fronterizo. También extiende a la familia del personal militar el a la seguridad social.
Por otra parte, propone cambios a las coordenadas de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Frente Amplio del año 2019 que redujo drásticamente los altos mandos. El generalato tendrá dos nuevos cargos (de 12 a 14). Se mantendrá el número de oficiales generales en 7 en la Armada y en 6 en la Fuerza Aérea. El proyecto aumenta el número de oficiales de 130 a 156, a 82 la Armada y a 47 la Fuerza Aérea.
Por otra parte, el Ministerio del Interior es autorizado a tomar 1.000 policías retirados y se prevé la contratación de 750 cargos para la Guardia Republicana, 750 agentes policiales y 500 agentes para el Instituto Nacional de Rehabilitación.
También se autoriza a la compra de la tecnología de identificación facial.
LO MILITAR
En el inciso correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, el primer artículo otorga una partida anual de 169 millones ciento ochenta y dos mil pesos uruguayos, “incluidos aguinaldo y cargas legales”, con destino al pago de una compensación diaria de hasta 450 pesos “para el personal que desempeña tareas de control fronterizo”. En el segundo artículo se autoriza un incremento salarial para el personal militar desde la jerarquía de soldado de primera hasta sargento, combatiente y no combatiente, del Escalafón K, por la suma de doscientos veinticuatro millones trescientos tres mil trescientos setenta y cinco pesos uruguayos, “incluido aguinaldo y cargas legales, de acuerdo al siguiente detalle”: soldado 600 pesos, cabo de segunda 625, cabo de primera 740 pesos y sargento 810.
El presupuesto extiende a la "familia del personal militar" el a seguridad social, incluyendo, entre otros beneficios, retiros y pensiones, sanidad, servicio fúnebre, asistencia y tutela socia
Se establece que la financiación se realizará con la supresión del cargo de director general de los Servicios de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, y del director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, por un total de 5.402.498 pesos y la reasignación de varias partidas del rubro Servicios Personales, que se detallan en el articulado.
También se proponen numerosos cambios a la modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas aprobada en 2019 (ley 19.775), por ejemplo incrementando en dos los generales del Ejército (pasan de 12 a 14), pero manteniendo en siete los oficiales generales de la Armada y en seis los de la Fuerza Aérea. Dicha ley también había fijado la plantilla de oficiales del Ejército en 130, 76 en la Armada y 45 en la Fuerza Aérea. El proyecto actual aumenta a 156 los oficiales del Ejército, a 82 los de la Armada y a 47 los de la Fuerza Aérea.
El gobierno también proyecta la posibilidad de renovar el equipamiento militar priorizando en la Fuerza Aérea las plataformas de combate y la sustitución de los Hércules C130 y la "impostergable" sustitución en la Armada de las plataformas de superficie, indispensables para la patrulla de las aguas de jurisdicción nacional. "En el caso del Ejercito Nacional es prioritario encarar inversiones en materia de vehículos tácticos y de transporte", señala.
El proyecto autoriza al Ejecutivo a vender bienes de Defensa como aeronaves, buques y vehículos de transporte terrestre, destinándose el 30% a la adquisición de equipamiento militar y 70% a Rentas Generales.
LO POLICIAL
El proyecto habilita al Ministerio del Interior a contratar hasta 1.000 retirados policiales. Establece que los contratados deben tener menos de 65 años, su baja no puede haber sido por sanción disciplinaria o ineptitud física o mental y no pueden haber sido condenados por causa penal o sometidos a proceso penal. Las contrataciones pueden ser por hasta cuatro años, prorrogable por dos más, y serán para desempeñare en las comisarías con funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, que de acuerdo con la Ley Orgánica Policial son aquellos que cumplen con tareas de “mantenimiento del orden público, prevención y represión de los delitos y demás típicas de la función policial”.
También se prevé la contratación de 750 cargos para la Guardia Republicana, 750 agentes policiales y 500 agentes para el Instituto Nacional de Rehabilitación. En cuanto a las cárceles, el proyecto de ley prevé la construcción de tres nuevos presidios en Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas, así como la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad de hasta 300 plazas.
Además, se ordena la creación de una base de datos de identificación facial de las personas mayores de edad para “su istración y tratamiento con fines de seguridad pública”. Los datos serán los recabados por la Dirección Nacional de Identificación Civil, que otorga la cédula de identidad, e incluirán no solo las imágenes faciales sino también nombres completos, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad, entre otros.
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