"En materia de cárceles Uruguay está mucho más atrás del siglo XXI" 4b5d6a

Las unidades señaladas son los celdarios 1 y 2 del Penal de Libertad, en los módulos 8, 11 y 12 de Santiago Vázquez, en el piso 4 del Centro Femenino, en el módulo 2 de la cárcel de Canelones, en el sector A de Maldonado, en el sector de delitos sexuales de Paysandú y en el sector Ingreso de Soriano.

Tampoco ha podido concretarse del todo el sistema de progresividad que se propone clasificar los presos por afinidad y comportamiento.

Un 45% se encuentra en cárceles con condiciones insuficientes para la integración social, donde conviven “realidades muy dispares". Hay algunos presos que van a estudiar y otros que no salen prácticamente de la celda, dijo Petit.

Según el funcionario, la educación llega a unos pocos y hay ineficacia para establece políticas sociales dentro de las cárceles.

Cuando trabajan, la mayoría de los presos no recibe pago.

Un 18% recibe un peculio por su labor, mientras que 72% no recibe nada a cambio. Tan sólo 10% recibe un salario, y esto se debe a que trabajan en empresas públicas o privadas por convenio

Uruguay es uno de los países con mayores índices de prisionización en la región: a fines del año pasado llegó a 10.241 personas privadas de libertad.

Si bien se registró una caída con respecto al año anterior, producto de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, en los primeros meses de 2018 comenzó a aumentar nuevamente.

"En 2017 murieron 47 personas; 28 de estas muertes fueron violentas"

Se contabilizaron 17 homicidios, diez suicidios y una muerte por una caída desde lo alto de uno de los módulos, un caso que nunca fue aclarado. El número de muertes se mantuvo sin cambios en los últimos tres años.

Petit dijo que detrás de la muertes en custodia hay carencias y omisiones a cuenta del Estado "por acción u omisión".

Finalmente, entre tantas críticas, Petit encuentra "muy alentador" el trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En ese sentido destacó el esfuerzo por tecnificar la gestión y contratar equipos especializados para tratar las adicciones.

También reconoce como elementos positivos el trabajo del Centro de Formación Penitenciaria y las actividades de formación; en 2017, unas 2.798 personas asistieron a esos cursos.

Petit propone crear un Consejo de Política Criminal a efectos de consensuar criterios comunes en la aplicación de normas y prácticas.

Por otra parte, sugiere que la Ley de Educación incorpore la educación penitenciaria.