Fiscal Pacheco pidió archivar la denuncia contra el senador De León 2w2m2z

Por otro lado, Pacheco también investigó el vínculo entre De León y el empresario argentino Daniel Mercado, que confesó haber lavado dinero en España para el Partido Popular.

Al respecto señala que, de acuerdo a las explicaciones recibidas, los os entre De León y Mercado fueron por cuestiones vinculadas a ALUR.

Sin embargo anunció en su dictamen que volverá a citar a De León para interrogarlo al respecto.

¿QUÉ DECÍA EL INFORME DE LA JUTEP? 1o525e

“En estas actuaciones se ha verificado que el Sr. Leonardo De León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa que le fuera suministrada por ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones”, dice el dictamen de la también llamada Junta Anticorrupción.

“Se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos, sin que el Sr. De León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos”, agrega el texto.

Por todo esto, el Directorio de la JUTEP “considera que los referidos hechos constituyen violaciones por parte del Sr. Leonardo De León a las normas vigentes en materia de Probidad, Rectitud, Legalidad, Implicancias, Buena istración Financiera, Rendición de Cuentas, y Prohibición de Uso Indebido de Fondos”.

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE DE LEÓN? 1q2g1o

Luego de conocido el dictamen de la Jutep, la defensa de De León lo cuestionó.

Sus abogados presentaron ante el Juzgado del Crimen Organizado un escrito donde refuta los argumentos esgrimidos por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) sobre los gastos del legislador con las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (ALUR).

El escrito de la defensa se elaboró en base a una consulta jurídica realizada al catedrático de derecho constitucional de la Universidad de la República, Santiago Pérez Irureta, según confirmó a Subrayado el abogado Gumer Pérez.

"Es claro que ALUR no es una entidad estatal, por lo que en definitiva, es claro que la actividad desarrollada por personas físicas que trabajan en forma dependiente en ALUR (como es el caso de los del directorio) no puede considerarse, en ningún supuesto, como ejercicio de función pública", sostiene el escrito.

Además el texto presentado ante Crimen Organizado contiene cuestionamientos al informe elaborado por la JUTEP ya que no tomó en cuenta que no existía una normativa para el uso de las tarjetas corporativas y tampoco una obligación de realizar reintegros.