IMPUTADO EN 2022

Fiscalía pidió el sobreseimiento del capitán de la Republicana imputado por traslados de González Valencia 1i153n

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La fiscal Porteiro no encontró responsabilidad en el accionar del policía. De la solicitud, se infiere que actuaba cumpliendo órdenes de autoridades del INR e Interior, dijeron fuentes del caso. 5s5g64

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Silvia Porteiro, pidió el sobreseimiento del capitán de la Guardia Republicana, que había sido imputado en julio de 2022 por haber dispuesto varios traslados sin orden judicial del narco mexicano Gerardo González Valencia, que estuvo detenido en Uruguay desde 2016 hasta 2020, cuando fue extraditado a Estados Unidos.

La Fiscalía pidió este jueves el sobreseimiento, que deberá ser confirmado por la Justicia. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la fiscal no encontró responsabilidad en el accionar del policía y que no hay delito adjudicable a su conducta. De la lectura del documento se infiere que el capitán de la Republicana actuaba cumpliendo órdenes de autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y del Ministerio del Interior de la época.

A pedido del entonces fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, el policía había sido imputado por reiterados delitos de abuso de funciones, por haber dispuesto en 12 oportunidades el traslado de González Valencia de la cárcel de Punta de Rieles a la ex Cárcel Central.

En la ex Cárcel Central se encontraba recluido el capo de la mafia calabresa, Rocco Morabito, y la investigación determinó que ambos se reunieron al menos en dos oportunidades. Desde Fiscalía, se indicó entonces que González Valencia y Morabito tenían vínculos y que la imputación se vincula indirectamente con el caso de la fuga del italiano.

Cada traslado del narco mexicano tuvo un costo para el Estado de 94.000 pesos, porque requería la movilización en un vehículo blindado con el auxilio de 8 a 12 funcionarios armados a guerra, entre otras medidas de máxima seguridad. El argumento para los traslados irregulares era para tener visitas conyugales con su pareja, cuando en el establecimiento donde se encontraba recluido tenía las condiciones necesarias.

Se pudo determinar fue el policía imputado adquirió un teléfono satelital con el cual González Valencia se comunicó en varias oportunidades con México. También que intentó acceder a información del caso vinculándose con otros policías.

Lackner había solicitado prisión preventiva, pero la jueza del caso dispuso arresto domiciliario total con uso de tobillera electrónica y la prohibición de comunicación con sus pares, por el plazo de 90 días. La magistrada argumentó que debido al tiempo transcurrido del hecho no existe riesgo de fuga y en la disposición que ha tenido hasta el momento el imputado con la investigación.

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