Graciela Barrera y su trabajo con los reclusos en un reportaje de la AFP 2x6n3f

Entre 2017 y 2018 la cifra de homicidios se disparó 45% a un nivel récord en un país considerado seguro pero que empeora con respecto a sí mismo: la tasa de homicidios pasó de 5,7 a 8,4 cada 100.000 habitantes entre 2005 y 2015.

A Graciela no le importan las estadísticas y tampoco el crimen cometido. "Hablo con todo el mundo sin preguntar" porque "todos somos humanos, todos nos equivocamos".

Graciela tiene 66 años. Su voz es aguda y cansada. Pero su tono es firme cuando explica que se debe combatir "la lógica del castigo" para ir hacia una "lógica de la reforma" de los presos para mejorar la seguridad.

Por eso fundó una asociación que ayuda a las víctimas de la delincuencia, pero también a los convictos cuando recuperan la libertad. Les da una mano para reinsertarse en una sociedad que tal vez los marginó desde pequeños y por eso "equivocaron el camino".

MIRARSE AL "ESPEJO" n3d5d

Es jueves y es día de visita en el penal de Santiago Vázquez, 30 minutos al oeste de Montevideo. Decenas de personas, la mayoría mujeres, algunas con niños muy pequeños y cargadas con bolsas de comida y ropa hacen fila bajo un sol que derrite el cemento para pasar la revisión y poder ingresar a reunirse con sus familiares.

Antes conocida como "Comcar", la cárcel alberga a una población de más de 3.000 personas. En algunas unidades del complejo la superpoblación lleva al hacinamiento y a la violencia permanente.

"En 2018 las condiciones de reclusión y convivencia empeoraron" con módulos que presentan "condiciones extremas de vulneración (...) con los internos prácticamente sin salir de sus celdas", denunció el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, en su informe anual.

Los presos "te agradecen que los escuches", afirma Alejandra Barreto, una funcionaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dentro del recinto.

Eso es lo que hace Graciela: escuchar, saludar y abrazar.

"Hacemos el espejo de la realidad, porque hay dos familias que sufren" por la violencia criminal, la de la víctima y la del victimario, señala.

"¿Cómo podemos, juntos, encausar el camino? Ellos pueden salir de ahí (de la cárcel), y abrazar a sus hijos. Mi hijo no puede salir de donde está, ni puede abrazar a su hija; es necesario que quienes delinquen entiendan el daño que causan sus acciones y eso será más útil que cualquier tiempo de encierro", opina Graciela.

Tal vez por esa forma de ver las cosas, el recorrido que eligió para mostrar su trabajo a un equipo de la AFP fue por el Polo Industrial del Comcar, una zona donde empresas privadas dan empleo a reclusos que de esa forma ganan un sustento para sus familias y acortan sus condenas.

EL TRABAJO Y LA REINSERCIÓN SOCIAL 5w4k5f

Daniel Guevara tiene 29 años. Su mirada es recia bajo una gorra que lo protege del sol mientras trabaja en el aserradero de la empresa ISG (Inclusión Social Generadora).

Lleva ocho años preso "lejos de todo" y debería salir en un año más. "Viví cosas que nadie vivió. Sufrí mucho", afirma Daniel y se apoya en Graciela: "Ella sufre lo que sufre mi madre. Lo que sufre mi madre es único", afirma mientras contiene las lágrimas.

José Pereiro saldrá en un año, Anthony Pérez en 45 días... Graciela los conoce a todos por su nombre. Sabe quiénes tienen hijos esperándolos, y les invita a visitar la sede de Asfavide, la agrupación que creó, cuando quieran, si quieren y si lo necesitan, una vez recuperen la libertad.

En la cartelera de uno de los módulos de mínima seguridad hay dibujos de niños y cartas de familiares. "La manito del Fabi. Te amo", puede leerse en un papel sobre el contorno de una pequeña mano en amarillo.

"Todos somos humanos, la clave es el trato", repite Graciela. "Me siento bien. La muerte de mi hijo no es en vano. Estoy construyendo desde el dolor".