El fuego comenzó en el living de la vivienda que funcionaba como hogar de ancianos, en Salinas (Canelones), y se propagó de forma lenta. Sentado en el sofá de ese living se encontraba una de las víctimas un hombre de 94 años, que murió calcinado. Un material textil –el del sillón o el de la propia ropa de la persona– fue el que ayudó en la propagación primaria.
"Negligencia" y "total desinterés": detalles de la investigación sobre el incendio fatal en residencial de Salinas
El incendio en un residencial de Salinas, en Canelones, dejó cuatro ancianos muertos; la investigación determinó serias responsabilidades en su dueño, que marchó a la cárcel.
Habían pasado pocos minutos de las 15:00 horas, del 18 de julio pasado. Según la evidencia con la que cuenta la Fiscalía, los ocho adultos que allí se encontraban –de entre 54 y 94 años– estaban solos, sin cuidado de nadie.
En una de las piezas se encontraba la madre del dueño, una mujer de 80 años, pero que no trabaja como cuidadora. Testigos dijeron incluso que tiene problemas de movilidad, y que necesita agarrarse de las cosas para moverse de un lugar a otro.
El humo comenzó a afectar varias habitaciones, y no permitían ver nada. Los vecinos fueron quienes rescataron a las personas que pudieron, y quienes controlaron el incendio. Uno de los testigos, que ayudó a varios abuelos, dijo: "No podíamos ver, íbamos al tanteo y si tocábamos a la persona la sacábamos".
La habitación en la que se inició el fuego, tenía la puerta de salida más próxima, trancada con llave. Vecinos que ayudaron, tuvieron que romper puertas y sacar rejas. Además, aportaron extintores, mangueras y otros elementos. A la llegada de bomberos, policías y médicos (a unos 20 minutos luego del inicio del incendio según testigos) el fuego ya estaba controlado.
El lugar, que funciona como residencial desde 2004, no contaba con habilitaciones. No tenía luces de emergencia, carteles de salida, extintores en condiciones ni en cantidad suficiente, ni en lugares adecuados, señaló la Fiscalía en su investigación. Y agregó: "Mucho menos tenía detectores de humo; pero tampoco había otros elementos que podría haber permitido o bien evitar el incendio o bien brindar pronto auxilio a los internos una vez iniciado el fuego".
"En tal sentido, podría haberse reducido el riesgo generado si el hogar contase con timbres en todos los lugares que los organismos de control le habían indicado que debían existir, o cámaras de seguridad", señala el escrito de Fiscalía.
Las responsabilidades del propietario.
Subrayado informó este lunes que la Justicia imputó al propietario del residencial –que tiene 48 años– por un delito de homicidio complejo culpable, con el resultado de cuatro muertes. Fue enviado a prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, a cargo del fiscal Ignacio Montedeocar.
Sobre el hombre, la Fiscalía apuntó: "Él debió hacerse cargo de la protección de los ancianos, sin dejarlos abandonados a su suerte, en un lugar que no tenía las condiciones mínimas para evitar una tragedia como la que ocurrió (...) Es clara la actitud negligente del imputado, en relación al cuidado de la integridad física y la vida de varios de los internos que se encontraban alojados en el residencial de su propiedad, a quienes omitió cuidar como debía dada su posición de garante".
Si bien el lugar funciona como residencial desde 2004, los trámites de certificación el dueño los inició en febrero de 2024, luego de una inspección del Ministerio de Salud Pública, en la que se detectaron "múltiples irregularidades" que llevaron a calificar al centro en estado de “alto riesgo sanitario”, indica la información oficial. La mayoría de estas irregularidades o incumplimientos de la normativa vigente se mantenían al 22 de mayo de este año, cuando el Ministerio de Desarrollo Social hizo una nueva inspección.
Eso, agregó el fiscal, "demuestra un total desinterés del titular del residencial por mejorar la situación de los adultos internos que se encontraban a su cuidado".
El residencial no contaba con habilitación de bomberos, ni los elementos básicos de protección contra incendios, se desprende de la investigación. Montedeocar destacó la declaración de la pareja del imputado y empleada del lugar, quien sobre los extintores manifestó: "Había uno, creo que había pero estaba vacío. Creo que estaba arriba de un mueble".
El imputado –que no tiene antecedentes penales– dijo que no había iniciado el trámite de habilitación de Bomberos "por un tema económico".
El personal de Bomberos que estuvo en el lugar halló tres extintores que habían sido utilizados en la emergencia. Pero se presume que del residencial era uno, o dos. Porque vecinos también aportaron extintores. Asimismo, todos estaban vencidos y no aptos para usar.
El dueño no estaba: las versiones contradictorias.
El propietario dijo que en el residencial trabajan como cuidadoras su pareja y su hija. Ninguno de estos datos se han podido corroborar ya que no existe registro interno de los recursos humanos del centro, ni las empleadas se encuentran inscriptas en Banco de Previsión Social (BPS).
La investigación fiscal permitió determinar que al momento del incendio, ninguna de esas personas se encontraba en el lugar. Solo estaba la madre del imputado, de 80 años, pero que no es cuidadora.
"De la evidencia colectada hasta el momento surge que el imputado se habría retirado del lugar previo a las 12:30 y que estaba en su casa, ubicada al fondo del residencial. A su vez su pareja –empleada del lugar– se retiró 13:30 del residencial y se encontraba en una plaza cercana. Por tanto, hasta la hora que sucedieron los hechos los ancianos quedaron sin ningún cuidador ni persona responsable que pudiera prestarles auxilio ante una emergencia como la que se originó, y con la puerta más cercana a la zona del incendio trancada, en un residencial sin ningún tipo de seguridad anti incendio o dispositivo que permitiese alertar rápidamente lo que estaba sucediendo", apunta el escrito.
Y añade: "Asimismo, atento a lo informado por los peritos de Bomberos el fuego tuvo un desarrollo lento, por lo que no resulta verosímil la versión del imputado de que se retiró del residencial tan solo 5 minutos antes que comenzara el incendio (mucho menos que se encontraba en el patio trasero del hogar, pues podría haber advertido el importante humo generado), resultando aquellas afirmaciones técnicas más compatibles con la declaración inicial del imputado, según el cual hacía media hora se había retirado del residencial (y se encontraba tomando mate en su casa) o incluso con los dichos de los testigos que afirman haber escuchado (decir) que el imputado estaba durmiendo en el momento que comenzó el incendio".
Sobre esto, la Fiscalía fue contundente: "Cuando el imputado se retiró a su domicilio y dejó a los ancianos solos en el residencial, sin ninguna persona que pudiera encargarse de los mismos en caso de una emergencia como la que ocurrió, pues si bien en la cocina del residencial se encontraba la madre del imputado, esta señora (luego también víctima fatal), además de que no figuraba ni en BPS ni en los registros internos como empleada de la empresa, no se desempeñaba como empleada del lugar, ni estaba en condiciones físicas para hacerlo, según la evidencia colectada".
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