Para la fiscal, Carrera "se extralimitó ostensiblemente en sus deberes" y lo investiga por abuso de funciones 2t1w56

En diciembre de 2012, cuando Hernández estaba en el Hospital de Clínicas internado (previo a su traslado al Policial) “se hizo presente en el lugar el entonces director general de secretaría Dr. Charles Carrera quien se puso a las órdenes”. Ni Hernández ni su hermano conocían a Carrera, el exjerarca tampoco a ellos. Según el escrito, Carrera le dejó 10.000 pesos en efectivo para que “se manejaran” y que a partir de enero de 2013 le iba a gestionar los tiques.

Para los hermanos Hernández “no fue un acto humanitario, sino parte de una maniobra para encubrir a la Policía de Rocha”. “Carrera no tiene dudas acerca de la responsabilidad policial en las lesiones causadas a Víctor Hernández y tampoco acerca del encubrimiento llevado a cado por la Policía de Rocha”, agrega el escrito.

En 2016, los padres de Hernández iniciaron una demanda de daños y perjuicios contra el Estado ante el Juzgado en lo Contencioso istrativo de 2º turno. En la contestación de la demanda, el Ministerio del Interior afirmó que las prestaciones concedidas a Hernández “fueron concedidas de buena fe por razones humanitarias y no implicaron ninguna asunción de responsabilidad”.

El caso tuvo en primera y segunda instancias y llegó a casación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que estableció que “el hecho de que en forma irregular se le prestara asistencia sanitaria y económica a los coaccionantes Hernández, carece de nexo causal con el evento lesivo, ni supone una asunción de responsabilidad”. Los magistrados destacaron que “estas prestaciones configuran una situación anómala e indebida”. La asistencia “es claramente indebida”.

“Emerge con total claridad que la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial es arbitraria e inmotivada, ya que no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”, sostiene el documento.

“Si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado”.

“Ni siquiera hay una explicación plausible que fundamente años de internación sin que surgieran elementos agudos de gravedad que la requirieran y que incluso se la mantuviera e impusiera controvirtiendo el dictamen del director de Sanidad Policial que informaba que no se le podía brindar más nada desde el punto de vista médico”, agrega la fiscal.

“Las irregularidades detectadas no son de índole meramente istrativas, pasibles de sanciones de esa naturaleza, como podría en un primer momento suponerse, sino que, van más allá, constituyendo ilícito penal, conforme los conceptos mencionados”, remarca.

“Las razones ‘humanitarias’ que puedan alegarse, por más loables que sean, no son justificativo para eludir el marco regulatorio y de restricciones en sus decisiones con las que cuentan los gobernantes”, dice Porteiro en su solicitud.

La situación de Hernández es “anómala, indebida e irregular” y “Carrera, en su condición de director general de secretaría del Ministerio del Interior, se extralimitó ostensiblemente en sus deberes, ya que, prevaleciéndose de su cargo, a través de actos arbitrarios que llevó a cabo durante años (desde 2012 a 2016), perjudicó a la istración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”.

Según el cálculo del Ministerio del Interior, la internación y la entrega de los tiques a Hernández ascendieron a la suma de 260.350 dólares.