La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado este martes en el que expresa “profunda preocupación” por situaciones que a su juicio “afectan sustancialmente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la Fiscalía General”. La gremial afirma que eso “demuestra la necesidad imperiosa que el sistema político adopte las medidas adecuadas para terminar con este estado e imagen de caos institucional”. 5r2b4d
Penalistas rechazan traslados de fiscales y hablan de "farandulización" del sistema de Justicia 502v3m
La gremial de abogados no comparte los "criterios de digitación de fiscales y casos mediante traslados que no están basados, exclusivamente, en las normas". 54d6
Los penalistas no comparten los “criterios de digitación de fiscales y casos mediante traslados que no están basados, exclusivamente, en las normas que habilitan la abstención, excusación y recusación de los funcionarios”.
La asociación rechaza los argumentos de conflictos interpersonales entre fiscales, pedidos de apartamiento que no se fundamenten en causales legales o el relacionamiento de los fiscales que integran “las cuartetas de turno”, para proceder a los traslados.
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Advierte que en casos recientes los traslados se explicaron por “acciones públicas y mediáticas de determinados actores de organizaciones políticas y sociales”, y que se hicieron como “medida ineludible para acallar ese ruido”.
La gremial de penalistas habla de un “escándalo mediático” con injerencia de los propios fiscales mediante constantes declaraciones a la prensa, el uso y abuso de Twitter y otras redes sociales, que va en contra de la recomendación internacional de prudencia, y señalan el “triste fenómeno de ‘farandulización’ del sistema de Justicia”.
Para los abogados, los traslados generan una distorsión en el funcionamiento de las Fiscalías por los cambios en los equipos de trabajo, reagenda de audiencias y análisis de nuevos casos, lo que ocasiona demoras con afectación a víctimas, imputados y defensores.
Además, sostienen que a los fiscales que incurren en irregularidades solo se les tiene que aplicar las sanciones previstas legalmente y no con traslados no previstos en la norma. Los penalistas aseguran que esos traslados transmiten a los fiscales y a la opinión pública “la sensación o el temor que el fiscal que investiga puede ser cambiado en base a vagos criterios de conveniencia de quien ejerza el poder de turno, contribuyendo al descrédito de la institución y del sistema de justicia”.
Por último, la asociación entiende que la situación es “insostenible” y reclama que se implementen reformas del Código del Proceso Penal que otorguen más garantías a víctimas, imputados y defensores, que se regulen las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder, y que se designe al nuevo fiscal de Corte que “termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al Sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo”.
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