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AGENDA DE DERECHOS

Qué consagra la nueva ley integral para personas transgénero en Uruguay

Programas de capacitación y trabajo, permisos sociales para cambiar de nombre e iniciar tratamientos y hasta pensiones reparatorias.
Asociación Trans del Uruguay

EMPLEO

La ley trans establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo.

CAPACITACIÓN

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe determinar un cupo "no inferior al 1 %" de sus programas de capacitación a las personas trans.

SERVICIOS

Respecto a la salud, el objetivo es poder incrementar la expectativa de vida de los transexuales, que actualmente se ubica entre 35 y 40 años de edad, y generar servicios específicos para el sector que "apunten a la no discriminación", según la diputada.

AUTORIZACIONES

Uno de los artículos, que despertó polémica en la opinión pública y entre los legisladores, es el que establece que los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.

ADECUACIÓN REGISTRAL

"Las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de éstos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo", subraya la normativa.

En caso de no obtener la autorización, el menor podrá recurrir a los artículos del Código Civil y del Código General del Proceso que toman en cuenta "el interés superior del menor".

MEDIDAS REPARATORIAS

Otro medida que fue muy criticada es la que dicta que las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.

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