La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este miércoles su preocupación por el allanamiento a Azul FM y la orden judicial para requisar el contenido informativo del periodista Ignacio Álvarez por la difusión de audios en el caso de violación a una mujer de 30 años en un apartamento de Cordón. 29f27
Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su preocupación por el allanamiento a Azul FM 2333k
La entidad dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas emitió un comunicado sobre el caso uruguayo. 63333x
La SIP considera que “estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”, y advierte la necesidad “de reformar una ley que permite sancionar a los periodistas hasta con dos años de cárcel”.
“Un hecho positivo es que fue dejada sin efecto la parte de la pesquisa que incluía el registro de la vivienda del periodista y la incautación de su teléfono celular. La Fiscalía General de la Nación reconoció que la orden de registro de la emisora y de la casa del periodista fue un procedimiento ‘innecesario’, y la fiscal dijo que su accionar fue un ‘error estratégico’”, indica la SIP.
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Y agrega: “El caso conmocionó al país” y “se suscitaron acalorados debates sobre ética periodística y libertad de prensa en un país que, según el Índice Chapultepec de la SIP, es ejemplo en las Américas en materia de libertad de expresión”.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, reivindica el “derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas”.
Considera que “el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia”. “Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, agrega.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirma que “este caso representa un avasallamiento al derecho legal y legítimo a la protección y la reserva de las fuentes periodísticas, un despropósito que conlleva el riesgo de intimidar a otras fuentes periodísticas”.
Canahuati y Jornet consideran productivo el debate social sobre el caso, que “permite entender mejor la libertad de prensa y su valor esencial en una sociedad democrática”, y que el procedimiento judicial, tanto de fondo como de forma, mostró un sesgo peligroso que desconoce el derecho internacional y la garantía legal en Uruguay sobre la reserva de la fuente, garantizada expresamente desde hace más de tres décadas.
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