La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 12 de agosto pasado suprime a partir del 1° de octubre 20 juzgados de Paz en doce departamentos del interior.
Suprema Corte de Justicia cierra de 20 juzgados de paz en el interior por problemas presupuestales 1v5d6d
La decisión entrará en vigencia desde el 1º de octubre. Abogados, el gremio judicial y hasta legisladores oficiales están en contra de la medida. 4x2s3t
Las sedes judiciales clausuradas están situadas en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.
El ministro del Interior Luis Alberto Heber anunció que pedirá explicaciones a la Corte para saber la razón de tal decisión (ver video arriba).
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A su vez, el sindicato de funcionarios judiciales, el Colegio de Abogados del Uruguay y otros operadores del área que exigen que esa corporación dé marcha atrás con la resolución.
Los diputados blancos Diego Echeverría y Mario Colman de Maldonado y Colonia respectivamente, pidieron citar en forma urgente ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes al presidente y ministros de la SCJ para que expliquen los fundamentos de su decisión.
Segùn la SCJ, la "Acordada número 8119" del máximo organismo judicial obedece a una reorganización de los territorios jurisdiccionales con el propósito de mejorar la distribución de los recursos tanto humanos, como materiales y presupuestales.
Ante esta situación, la bancada de Senadores del Partido Nacional, le solicitará una reunión al presidente de la Corte, el doctor Tabaré Sosa Aguirre.
El Colegio de Abogados del Uruguay remitió una carta a la Corte en la que le manifestó “su sorpresa” por la medida que, a juicio de sus integrantes, “produce un fuerte impacto en nuestra profesión y en el a la Justicia”, solicitándole que suspenda su aplicación.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay también manifestó su rechazo al cierre de los juzgados de Paz.
El presidente del gremio, Pablo Elizalde que la medida insulta de la SCJ afectará a unas 100.000 personas, incluidos funcionarios judiciales. No se tiene en cuenta que muchas de las sedes albergan otros servicios
El cierre del juzgado de Paz de Piriápolis generó la inmediata reacción tanto de operadores judiciales como de fuerzas vivas de ese balneario, quienes decidieron promover un recurso de impugnación ante la corporación judicial.
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