Caso Marset: un cargo medio cesado, cruce de acusaciones políticas y alerta por el avance narco 2q73b

Heber aseguró que con la normativa vigente sobre pasaportes solicitados por uruguayos en el exterior (decreto de 1993 modificado en el 2014) no existía impedimento para entregar la documentación a Marset porque ya no se exigía conocer la situación judicial internacional de quien pedía el pasaporte. Desde ese punto de vista, el oficialismo aseguró que le expedición del pasaporte a Marset fue apegada a las normas vigentes, sin ningún tipo de irregularidad.

El canciller Bustillo dijo que fue un “trámite istrativo”, pese a lo cual en su Ministerio se inició una investigación istrativa “para salvaguardar el honor de las personas y servicios involucrados”, dijo.

Al respecto, Heber anunció que el sábado pasado se enteraron de que “hubo una instancia entre Identificación Civil y (Policía) Científica procurando apurar tres pasaportes, entre ellos el de Marset”. Por esta razón decidió iniciar una investigación de urgencia y separar del cargo al subdirector de Identificación Civil Alberto Lacoste, quien “perdió la confianza del ministro”, dijo Heber.

AVERIGAUCIONES

El ministro del Interior informó en sala que en el año 2020 fueron archivadas todas las causas judiciales abiertas contra Marset en Uruguay, y que fue el 3 de marzo de 2020 cuando salió la alerta roja de captura internacional para esta personas investigada por liderar una organización narco con operaciones en Uruguay, Paraguay y Europa.

En este marco, Heber dijo que cuando se tramitó el pasaporte para Marset a fines de 2021 se hicieron “averiguaciones” para conocer su situación. Estaba preso en Dubai por viajar con documentos falsos, pero no había una requisitoria internacional, aseguró.

Esas “averiguaciones” incluyeron una comunicación entre el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y la vicecanciller Carolina Ache.

Al respecto, Ache contó que el 17 de noviembre de 2021 el abogado Alejandro Balbi le pidió una reunión, y que lo recibió en su despacho de la Cancillería el 24 de ese mes. En esa reunión, Balbi la consultó sobre la fecha en que sería enviada la valija diplomática a Dubai con el pasaporte para Marset. Ese envío ya había salido, respondió Ache al abogado de Marset. La vicecanciller aseguró que ese fue el único contendido de la reunión y que si Balbi hubiera pedido algún trámite se le hubiera negado.

INVESTIGACIÓN

Este lunes se supo que en mayo de 2021 la Policía de Uruguay alertó a sus pares de Paraguay que Marset lideraba una organización de narcotraficantes.

“Según reportes oficiales recibidos en esta División Especializada, de parte de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) de la República Oriental del Uruguay, se informa que un ciudadano de nacionalidad uruguaya, a quien identifican como Sebastián Marset Cabrera, 29 años de edad, nacido en fecha 10/04/1991, documento uruguayo Nº 4.558.160.7, documento de identidad paraguayo Nº 8.754.586, sería el líder de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, cuyas sustancia prohibidas tendrían como destino final el continente europeo”, afirma el documento paraguayo al que accedió Subrayado.

Heber aseguró en sala que no había en el 2021 una investigación sobre Marset, y que si la había no tenía por qué conocerla, no correspondía, porque las investigaciones las ordena un fiscal y por la debida reserva (especialmente en casos de drogas), ni el ministro debe ser informado.

También se supo este lunes que la Secretaría Antidrogas y la Fiscalía de Paraguay investigan a Marset por tráfico de drogas desde 2019.

Con todos estos antecedentes, el FA sostiene que el gobierno no debió entregar el pasaporte a Marset cuando lo solicitó desde Dubai, a fines de 2021, donde estaba preso por viajar con documento falso de Paraguay.

El gobierno insistió este lunes en que no había razón legal para negar el pasaporte ni requisitoria internacional que lo impidiera.

AVANCE NARCO

Varios senadores alertaron durante la interpleación de lo que entienden es un avance de grupos narcos en Uruguay y en la región, lo que genera violencia y otros delitos vinculados , en particular homicidios y extorsión.

Durante la comparecencia de Heber y Bustillo se señaló a este como "el tema de fondo" que debían abordar los partidos políticos, en busca de una política de estado que intente poner freno a las bandas criminales que se dedican al narcotráfico.